Los servidores públicos de Morelos recibirán castigos más severos si cometen actos de discriminación.Cuernavaca, Morelos.- El marco legal del estado se endurece para frenar los abusos cometidos desde las oficinas gubernamentales. Los servidores públicos que cometan actos de discriminación en Morelos enfrentarán penas severas. El Periódico Oficial "Tierra y Libertad" publicó las modificaciones que buscan limpiar la administración pública. Los trabajadores del estado ya no gozarán de impunidad al maltratar a los ciudadanos. La reforma penal responde a una alta demanda social por mejorar la atención en las dependencias. La intención es erradicar el racismo, el clasismo y la exclusión de las instituciones. Nuevas causales para castigar penalmente a los funcionarios La reforma al artículo 212 Cuarto del Código Penal estatal amplía el alcance de la agravante del delito. Anteriormente, el aumento de la pena solo procedía si se negaba o retrasaba un trámite específico. Con el nuevo texto legal, el agravante se aplicará a cualquiera de las conductas de exclusión. Basta con que el empleado cometa cualquier acto discriminatorio para que se active la sanción. El Decreto 1136 establece que la sanción original podrá incrementarse hasta en una mitad. La legislación contempla de uno a tres años de prisión o trabajo comunitario para los infractores. Pérdida del empleo e inhabilitación obligatoria del cargo La reforma penal también establece consecuencias administrativas obligatorias que no se podrán apelar. El juez ordenará de inmediato la destitución del cargo del trabajador implicado. Además, se aplicará una inhabilitación para desempeñar cualquier empleo en el servicio público. Este castigo temporal será equivalente al período de la pena de prisión que determine el juez. Los legisladores modificaron la redacción final para establecer que el aumento será de "hasta una mitad". Esto permite a los jueces graduar la sanción conforme a la gravedad de cada caso. Datos del INEGI revelan racismo en dependencias médicas El Congreso del Estado tomó como referencia los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación. Los reportes señalaron altos niveles de exclusión en oficinas de gobierno y centros de salud. Los principales afectados por estas conductas de los burócratas son los miembros de la población indígena. Las personas con discapacidad también sufren el rechazo de los trabajadores públicos. El dictamen busca otorgar mayor claridad jurídica y fortalecer la protección de los grupos vulnerables. Las nuevas medidas punitivas entraron en vigor de forma oficial el 28 de mayo de 2026.
Castigarán con mayor dureza a los funcionarios públicos que cometan actos de discriminación
Escrito el 01/06/2026