EU acusa formalmente a Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Los delitos incluyen tráfico de estupefacientes, uso de armas y presuntos homicidiosNueva York, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó un golpe devastador contra la estructura política de Sinaloa. Este miércoles se anunciaron acusaciones formales contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve individuos, señalados por delitos graves de narcotráfico y posesión de armas de fuego. La acusación formal, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala que el mandatario estatal y su círculo cercano habrían pactado con el Cártel de Sinaloa. Según los documentos judiciales, el objetivo era facilitar la distribución de masivas cantidades de estupefacientes en suelo estadounidense a cambio de beneficios políticos y económicos. Los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia El expediente no se limita al gobernador. La lista de los 10 implicados incluye a figuras clave de la administración sinaloense como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega y Dámaso Castro Zaavedra. También aparecen nombres como Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado". De acuerdo con la Fiscalía, estos personajes habrían utilizado sus cargos públicos para brindar protección institucional a las operaciones delictivas. Las autoridades de EU sostienen que la red criminal permitió el flujo de drogas mientras se eliminaban obstáculos mediante el uso de la fuerza y la corrupción. #ÚLTIMAHORA | EU presenta cargos contra Rubén Rocha Moya, por vínculos con el narcotráfico pic.twitter.com/LdhpP4BQEY — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) April 29, 2026 Homicidios y armas: La gravedad de los cargos Además del tráfico de drogas, la acusación revela detalles oscuros sobre la participación de algunos implicados en actos violentos. Se les vincula con secuestros y homicidios, destacando el asesinato de un presunto informante de la DEA. Estos actos habrían sido ejecutados para garantizar la impunidad del grupo delictivo. El caso ha sido asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla. Con esta acción, el gobierno de Estados Unidos escala la presión sobre los gobiernos estatales en México, señalando directamente la complicidad entre las altas esferas del poder y los grupos del crimen organizado que operan en el norte del país.