Bibliotecas en Morelos ahora serán inclusivas: llegan audiolibros y braille por ley

Cuernavaca.- Las bibliotecas públicas del estado están a punto de vivir una transformación histórica para garantizar que nadie se quede fuera del mundo de las letras. Con la reciente expedición de la Ley de Fomento a la Lectura, estos recintos tendrán la obligación de contar con acervos en braille, audiolibros y materiales en lenguas indígenas. Esta nueva legislación busca saldar una deuda histórica con las personas con discapacidad visual y las comunidades originarias que habitan en los municipios morelenses. Un derecho humano protegido por la ley La normativa, publicada oficialmente el 13 de mayo de 2026, establece que leer ya no es solo un pasatiempo, sino un derecho humano fundamental. A partir de ahora, las autoridades estatales y municipales tienen la responsabilidad de crear políticas permanentes para que los libros lleguen a cada rincón de Morelos. Esto significa que el presupuesto y las acciones de gobierno deberán priorizar el acercamiento de la cultura a los ciudadanos de forma constante y no solo por periodos. ¿Quién vigilará que se cumpla la ley? La Secretaría de Cultura será la encargada de llevar las riendas de este proyecto, diseñando el Programa Estatal de Fomento a la Lectura. Este plan contempla la creación de bibliotecas itinerantes que visitarán las colonias más alejadas, así como festivales del libro y becas para promotores culturales. Además, se instalará un Consejo para el Fomento a la Lectura, donde participará la Secretaría de Educación para emitir opiniones y evaluar los avances del programa. Impulsando la identidad morelense Uno de los pilares de esta ley es el rescate de lo nuestro, dando prioridad a obras que narren la historia y la identidad de los autores locales. También se buscará incentivar a las empresas y ciudadanos que decidan donar libros a las bibliotecas públicas mediante posibles estímulos fiscales. Aunque la ley ya es un hecho, los ciudadanos deberán esperar un poco para ver los cambios totales, pues su entrada en vigor está programada para el 1 de enero de 2027.